Me ha gustado el tono (aunque sea político) de este alegato en favor del software libre, recientemente publicado por El País:

En este contexto, me pregunto si es posible encontrar un apoyo jurídico-constitucional en España para la promoción del software libre como expresión de los principios de libertad e igualdad. Mi respuesta es que sí, que apostar por el software libre es, sobre todo, una apuesta constitucional. O dicho de otro modo, que los españoles tenemos una Constitución pro-software libre. Al menos que la Constitución obliga a la administración pública española a preferir el software libre antes que el propietario, como mínimo, por las siguientes razones:

(en la página 2, el artículo completo).